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Es el nuevo proyecto que ha lanzado el presidente francés Nicolás Sarkozy. Según se publica en La Vanguardia, Sarkozy se ha mostrado partidario de reducir el número de funcionarios, de pagarles mejor y de recompensar el mérito. Sarkozy estima que el actual sistema retributito basado en la actualización del IPC y la antigüedad es “costosa para el contribuyente, poco interesante para los agentes públicos y no tiene suficientemente en cuenta el esfuerzo y los resultados individuales”.

Sarkozy asume que algunos funcionarios han pedido poder adquisitivo durante estos años debido a que el sistema actual no garantiza que esto no suceda. Y, por tanto, “garantizar el poder adquisitivo permitirá a cada funcionario que el tratamiento del salario de base evolucione como mínimo al mismo ritmo que la inflación”, señala el presidente de Francia.

Los sindicatos, por su parte, no comparten totalmente el enfoque de Sarkozy. Consideran impensable acciones individualizadas que no tengan en cuenta el marco colectivo. Tampoco ven bien disminuir los efectivos para poder pagar las horas extra.

Es lo que afirma el sindicato FSP-UGT, que estima que 4.000 empleados públicos de La Rioja sufren distintos problemas psicológicos en su puesto de trabajo, como pueda ser estrés, acoso laboral o el denominado síndrome de Burnout o síndrome del quemado (expresión patológica del individuo que se quema por el trabajo o que sufre un desgaste psicológico importante por su desempeño).

Así, según este sindicato y tal y como recoge el portal larioja.com, el 20% del total de funcionarios riojanos han solicitado baja laboral por alguna de estas razones psicológicas o de acoso.

Desde el sindicato se afirma que se va a realizar un estudio sobre el número de personas que sufre alguna de estas situaciones. Se quiere, además, que los trabajadores de la empresa pública tengan una atención especial y personal a sus problemas. Actualmente, únicamente la administración central y de forma leve está realizando evaluaciones psicológicas a sus trabajadores. Se trata, en definitiva, de crear una cultura de prevención que ampare estas situaciones de acoso o enfermedad psicológica como consecuencia del trabajo.

Será a partir de enero de 2009 cuando el Boletín Oficial del Estado en Internet tendrá la misma validad jurídica que la edición empresa, según la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En 2003, la diputación de Barcelona fue la primera en prescindir del papel. También lo han hecho ya Valencia, Cataluña y Extremadura, y las diputaciones de Álava y Guipúzcoa también lo han eliminado. Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha y Burgos prevén hacerlo en 2008.

En 1661 nació la primera Gaceta, origen del Boletín Oficial del Estado. La publicación de una ley o decreto en el boletín establece su entrada en vigor y la obligación de cumplimiento. Actualmente se está trabajando en la última fase de este proyecto que se inició en 1997, año en el que se comenzó a colgar en Internet el índice de los últimos 30 días (aunque sin posibilidad de consultar documentos). Poco a poco se añadieron contenidos y fue en 2003 cuando se subió íntegramente el BOE de día en PDF y fue posible consultar el contenido.

Ahora es posible consultar en la web del BOE los boletines existentes desde 1995 y, de la sección primera (la que contiene leyes, decretos, etc.), se puede retroceder hasta 1661. Desde 2005 las consultas a las bases de datos son gratuitas. Además, han añadido dictámenes de la abogacía y del Consejo de Estado, y sentencias del Constitucional.

Según explica el artículo elaborado por El País, en estos años de convivencia se han reducido las suscripciones. Si en 1996 tenía 50.749, en 2007 hay 16.000, destinadas a bibliotecas, administraciones, empresas, despachos jurídicos y colegios profesionales.

Este cambio del formato en papel al formato digital supondrá un ahorro, ya que actualmente se gastan 3.500 toneladas de papel, más distribución y otros elementos que supusieron un gasto de 6,3 millones de euros en 2007. Y, por el contrario, el coste de renovación, certificación de la firma electrónica, servidores, etc. no llegará a los 200.000 euros. Y el ahorro energético y ecológico que implica, por supuesto.