Auxiliares administrativos, personal del sector sanitario o del sector servicios son algunos de los perfiles que cada año la administración pública demanda. En todos estos puestos es necesario tener unos conocimientos previos así como cumplir unos requisitos mínimos para poder optar a una plaza en el funcionariado.
En algunas comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Baleares o País Vasco es necesario, en determinados procesos selectivos, conocer a parte del castellano la segunda lengua de la comunidad autónoma: gallego, euskera o catalán. ¿Es tan importante conocer estas lenguas como saber desenvolverte con soltura en tu puesto de trabajo?
No hace mucho en las Islas Baleares se han celebrado los primeros exámenes de la oferta de empleo público en el área sanitaria. Un total de 185 plazas para celadores, 440 para auxiliar de enfermería así como 350 para auxiliar administrativo. Entre los requisitos para poder aspirar a una plaza está el tener conocimientos de catalán. Esto ha hecho que muchas personas hayan tenido que dejar de presentarse a dicho proceso selectivo por no cumplir este requisito.
¿Acaso es más importante saber catalán que estar bien formado en el área sanitaria? Parece ser que si un candidato no sabe catalán no es tan válido como otro que si lo sabe a pesar de estar mejor cualificado profesionalmente. El debate queda en el aire. Las personas ya han empezado a manifestarse y se han pronunciado en diferentes medios de comunicación.
Encontrar personas cualificadas para desarrollar un puesto de trabajo es algo demandado tanto en el sector público como privado. Lo importante es contar con profesionales cualificados que sepan desenvolverse con soltura en su puesto de trabajo y un segundo idioma, a pesar de ser una ventaja competitiva, no debe primar más que la formación específica.
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Diciembre 22, 2009 al 3:03 pm
E. Martín
Los trabajadores públicos deben poder atender a los ciudadanos respetando su derecho a expresarse como prefieran, dentro de la legalidad de cada comunidad. Si alguien quiere ser funcionario en una comunidad bilingüe, como hay tantas en nuestro país, debe estar preparado para respetar sus derechos, es decir el funcionario debe tener conocimientos de ambos idiomas. Lo que no puede admitirse nunca es que un ciudadano deba renunciar a sus derechos, legalmente reconocidos, porque a alguien le daba pereza estudiar. Y es que este es el quid de la cuestión: prevalece el derecho del ciudadano, o por el contrario este debe conculcarse simplemente por la pereza de algunos.
Mi opinión es que no existe el “derecho a la ignorancia” es decir que si un trabajo exige unos conocimientos, el buen profesional debe adquirirlos y prepararse para ello. Otra cosa es que haya quien prefiera, por razones ideológicas, negar a otros sus derechos, y se escude en excusas varias.